Radio La Nueve 99.3 Mhz 9 de Julio Corrientes
La Justicia Federal volvió a ordenar allanamientos este miércoles en el marco de la investigación sobre la firma Sur Finanzas. Se están requisando nueve objetivos, entre oficinas de la casa de cambio y otros domicilios. Además, el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó abrir cajas de seguridad de la empresa.
Los procedimientos se ordenaron apenas un día después de que las la Policía Federal Argentina ingresara a las sedes de 17 clubes de fútbol, la Asociación del Fútbol Argentino y la Superliga.
El objetivo principal de las medidas dispuestas ahora consiste en recolectar material probatorio en las oficinas de la financiera de Ariel Vallejo, allegado a Claudio “Chiqui” Tapia, así como en cajas de seguridad radicadas en diversas entidades bancarias.
Esta causa, impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, indaga una presunta maniobra de lavado de dinero. Empezó con sospechas alrededor de la transferencia de un jugador de Banfield a un club de México, pero ahora la acusadora extendió la pesquisa -donde interviene Armella, que subroga el Juzgado Federal N.º 2- hacia todas las instituciones que hayan tenido vínculos comerciales con Sur Finanzas.
Eso ocurrió mientras hay una disputa de competencias en el Juzgado Federal N.º 1 de Lomas, que recibió por sorteo la denuncia del ARCA que reveló que en las billeteras virtuales de Sur Finanzas se habrían operado $818.000 millones con personas sin capacidad económica real.
El juez Federico Villena, a cargo de ese expediente, denunció a la fiscal Incardona y la acusó de fórum shopping, al considerar que intentó forzar la unificación de ambos casos.
Para la fiscal, al momento en que la investigación preliminar originada en la denuncia de ARCA ingresó al sistema informático judicial, no se cargó la información sobre la causa previa, por lo que el sorteo no tuvo en cuenta la conexidad que —según su criterio— ya existía.
En un escrito presentado el 28 de noviembre, Incardona pidió enviar la causa central al juzgado de Armella “en resguardo de la garantía del juez natural y del debido proceso”, y para evitar que la investigación se vea “seriamente afectada” por la dispersión de las líneas de pesquisa.
Compartir
