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Tras revertirse en Nueva York la millonaria condena por la expropiación de YPF, los demandantes preparan una nueva ofensiva en el CIADI.
La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de dejar sin efecto la condena de primera instancia por más de US$16.000 millones contra la Argentina en el juicio por la estatización de YPF supuso, a fines de marzo, un importante respiro para el Gobierno en el frente judicial externo.
Sin embargo, el alivio podría ser transitorio. Los fondos que impulsan la demanda confirmaron que no dan por cerrado el conflicto y anticiparon una estrategia que combina una nueva instancia en la justicia estadounidense con el eventual traslado del caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial.
El movimiento reubicó a YPF en el centro de la escena y volvió a poner bajo la lupa a un foro internacional que, durante años, concentró la mayoría de los litigios contra el Estado argentino y en el que el país acumula uno de los peores registros de resultados a nivel regional.
Un respiro parcial tras el fallo en Nueva York
El tribunal de alzada del Segundo Circuito estadounidense anuló la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, que había condenado a la Argentina a pagar una indemnización multimillonaria por no haber lanzado una oferta pública al expropiar el 51% de las acciones de YPF en 2012.
El fallo consideró que la magistrada había interpretado de manera incorrecta la normativa argentina y ordenó revisar sus conclusiones, lo que dejó sin efecto la condena económica que pesaba sobre el país.
Lejos de aceptar el resultado, los fondos demandantes —Petersen y Eton Park, financiados por el hedge fund Burford Capital— notificaron a la defensa argentina su intención de redoblar la ofensiva judicial. El plan incluye solicitar una revisión adicional del fallo en Estados Unidos y, en paralelo, iniciar un nuevo litigio en el CIADI, un camino que abre un frente distinto y potencialmente más riesgoso para el país.
El CIADI, un terreno históricamente adverso
El CIADI es el principal tribunal internacional de arbitraje en disputas entre Estados e inversores extranjeros. Su competencia está habilitada por los tratados bilaterales de inversión, la mayoría de los cuales la Argentina firmó en la década de 1990, y permite a empresas e inversores reclamar compensaciones por incumplimientos contractuales, privatizaciones fallidas o expropiaciones.
Desde comienzos de los años 2000, ese tribunal se convirtió en el principal escenario de los pleitos contra la Argentina. Según datos procesados por la organización Transnational Institute, el 94% de las demandas internacionales contra el país se presentaron ante el CIADI, y hasta 2025 la Argentina encabezó el ranking mundial con 65 casos, posición que luego fue superada por Venezuela. Ambos países, de hecho, concentran cerca de un tercio de los reclamos iniciados contra América Latina y el Caribe.
El dato más sensible para el Tesoro argentino es el saldo de esas disputas: el país perdió alrededor del 86% de los casos resueltos en su contra y acumula laudos adversos por más de US$10.000 millones. Aunque esas sentencias arbitrales no son ejecutables de forma directa, los beneficiarios pueden recurrir luego a tribunales nacionales para obtener el reconocimiento del crédito y avanzar con embargos si el Estado no paga.
Antecedentes de YPF y el tratado con España
La posibilidad de que el caso llegue al CIADI no es inédita. Tras la expropiación de YPF, Repsol, entonces accionista mayoritaria, recurrió a ese tribunal invocando el tratado bilateral de inversiones entre la Argentina y España, firmado en 1991. Aquella controversia se cerró en 2014 mediante un acuerdo de compensación por US$5.000 millones, que evitó una condena arbitral definitiva.
Especialistas en derecho internacional señalan que Burford podría intentar una estrategia similar, apoyándose en ese mismo tratado para reformular en el CIADI un reclamo que fracasó en los tribunales de Nueva York. Para ello, los abogados del fondo solicitaron autorización para utilizar documentación obtenida durante el proceso de discovery en Estados Unidos, con el objetivo de reforzar la futura demanda arbitral.
Un frente abierto con múltiples antecedentes
El litigio por YPF se suma a otros casos aún pendientes o en ejecución contra el país en el CIADI. Entre los antecedentes figuran laudos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, ratificados por la justicia estadounidense; condenas por la pesificación de contratos energéticos, como el caso de AES en la represa Alicurá; y fallos vinculados a congelamientos tarifarios en infraestructura y servicios públicos.
En varios de estos expedientes, las sentencias arbitrales llevan más de una década sin resolverse plenamente, ya sea por apelaciones, negociaciones de compensación o dificultades para ejecutar los pagos, lo que muestra la larguísima duración de los procesos y el impacto financiero sostenido en el tiempo.
Un escenario de alta complejidad para la Argentina
Aunque el resultado en Nueva York fortaleció la posición defensiva de la Argentina, el potencial desembarco del caso YPF en el CIADI reabre un escenario cargado de incertidumbre. Se trataría de un proceso confidencial, de varios años de duración y en un ámbito donde el país históricamente tuvo poco margen de éxito.
Para el Gobierno, el desafío será doble: consolidar la victoria judicial obtenida en Estados Unidos y, al mismo tiempo, preparar una defensa sólida ante un eventual arbitraje internacional que podría volver a poner en juego cifras multimillonarias. En ese delicado equilibrio, el caso YPF se perfila como uno de los principales riesgos legales y financieros externos de los próximos años, más allá del alivio coyuntural que trajo el fallo neoyorquino.
Fuente: NA
