
Mientras Patricia Bullrich impulsaba el proyecto libertario en el Senado, su sucesora Alejandra Monteoliva desplegó un operativo con más de 800 efectivos que, junto a la Policía de la Ciudad, usaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar una manifestación que fue multitudinaria
El tándem Bullrich-Monteoliva desplegó toda su expertise dentro y fuera del Congreso para instaurar la reforma laboral libertaria. Lo que comenzó como una movilización pacífica y multitudinaria en defensa de las y los trabajadores, terminó con una brutal represión de las fuerzas federales y la policía porteña con cientos de heridos y decenas de detenidos. Alrededor de 300 personas fueron agredidas con gases lacrimógenos y balas de goma, 31 fueron detenidas y 70 demoradas. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, desplegó un operativo de 800 efectivos para blindar la votación en el Senado, con la que La Libertad Avanza quiere erradicar décadas de derechos laborales. Incluso, utilizaron «las pistolas lanzagases que el gendarme Guerrero disparó contra Pablo Grillo», indicaron los organismos de derechos humanos que monitorearon la marcha, a la que compararon con la del tratamiento de la Ley Bases por la violencia estatal que se desplegó.
Alrededor de las tres de la tarde, un grupo pequeño de personas encapuchadas comenzó a tirar piedras, proyectiles improvisados y cañitas voladoras por encima del vallado que tapaba todo el frente del Congreso y detrás del que se apostaron cientos de policías. Después de eso, se desató un operativo gigantesco en el que la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires usaron la fuerza para desmovilizar. «Utilizaron balas de goma, hidrantes, incluso las pistolas lanzagases que el gendarme Guerrero -hoy procesado- disparó hace casi un año contra Pablo Grillo», indicaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales.
Cuando parte del vallado fue derribado, los efectivos de infantería de la Gendarmería y los camiones hidrantes comenzaron a lanzar agua y gas pimienta hacia todas las personas que, casi en su totalidad, se manifestaban de manera no violenta. Muchos de ellos denunciaron infiltrados para entorpecer la movilización. «Fue un despliegue represivo completamente injustificado porque la mayoría de la gente estaba concentrándose de manera totalmente pacífica. Incluso, algunos grupos ya estaban desconcentrando», le dijo el director del Programa de Violencia Policial de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Rodrigo Pomares, a Página/12.
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