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La Coalición Cívica pidió ampliar una causa judicial y apuntó a una red de sociedades en el extranjero que habría operado entre 2021 y 2025. La presentación señala a dirigentes de la AFA y a empresarios vinculados por presunto lavado y administración fraudulenta.
Una nueva presentación judicial volvió a poner en el centro de la escena a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. La denuncia fue ampliada por referentes de la Coalición Cívica y apunta a un presunto esquema de desvío de fondos al exterior por un monto estimado en más de 300 millones de dólares, que habría funcionado durante un período de cuatro años.
El escrito fue presentado ante el juez federal Marcelo Aguinsky y sostiene que, entre 2021 y 2025, parte de los ingresos de la AFA provenientes de patrocinadores, derechos comerciales y partidos amistosos habrían sido canalizados fuera del sistema bancario argentino. Según la denuncia, se habría utilizado como justificación el contexto de restricciones cambiarias, aunque el mecanismo descripto incluyó comisiones elevadas y estructuras financieras complejas.
De acuerdo con la presentación, el circuito se habría apoyado en al menos seis empresas intermediarias radicadas en el exterior, algunas de ellas constituidas en jurisdicciones consideradas de baja o nula tributación. Estas firmas habrían actuado como receptoras de los fondos antes de su redistribución, reteniendo comisiones de hasta el 30 por ciento. La denuncia plantea que este esquema habría contado con la intervención de altos dirigentes de la AFA, entre ellos su presidente Claudio Chiqui Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
La ampliación de la denuncia también solicita que se investigue al empresario Javier Faroni, vinculado a contratos comerciales con la AFA. Según el expediente, una de sus sociedades en Estados Unidos habría concentrado la mayor parte de los ingresos generados por esos acuerdos, aunque solo una porción menor habría ingresado efectivamente a las cuentas de la entidad deportiva en el país.
El documento judicial describe además la presunta utilización de sociedades sin actividad comercial real, algunas a nombre de terceros sin capacidad económica aparente, para canalizar transferencias millonarias. En ese marco, se mencionan pagos por servicios que no tendrían respaldo concreto, como capacitaciones o asesoramientos, así como giros de dinero vinculados a negocios ajenos a la actividad futbolística.
Los denunciantes, pertenecientes a la Coalición Cívica, solicitaron una serie de medidas de prueba consideradas urgentes. Entre ellas, pidieron acceso a registros internos de la AFA, información sobre vuelos privados utilizados por personas bajo sospecha y documentación societaria de las firmas involucradas. La causa quedó ahora a la espera de definiciones judiciales que determinen el alcance de la investigación y los próximos pasos del expediente.
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