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Tras el escándalo por presuntas coimas en el organismo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó su disolución. Destacó la eliminación de 16 cargos políticos y una reducción del 45% en la estructura jerárquica. Natalia Rodríguez, referente de discapacidad en Corrientes manifestó su malestar a través de Canal 5TV.
El Gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo informó este martes en conferencia de prensa. Al mismo tiempo, destacó la eliminación de 16 cargos políticos: “Implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.
Adorni dijo que, al quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, “las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades».
Además, añadió: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones», adelantó el jefe de Gabinete de la Nación sobre el próximo funcionamiento de la ANDIS.
Sin embargo, desde el sector de la discapacidad las reacciones fueron inmediatas. En declaraciones a Canal 5TV, Natalia Rodríguez, referente de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, expresó su profunda preocupación y cuestionó duramente la medida. “No es una buena señal para un sector que viene atravesando una situación gravísima durante todo el año”, afirmó.
Rodríguez señaló que el cierre de la ANDIS se da en un contexto de ajuste sostenido y denunció que, desde el inicio del actual gobierno, se produjeron más de 600 despidos dentro del organismo. “Quedaron menos de 800 trabajadores activos y áreas enteras fueron vaciadas, como accesibilidad, comunicación y aquellas que sostienen tratamientos interdisciplinarios”, explicó.
En ese sentido, advirtió que las consecuencias ya se sienten en la vida cotidiana de las personas con discapacidad: “Hoy es cada vez más difícil acceder a una silla de ruedas, un bastón, medicación o sostener tratamientos fundamentales como acompañantes terapéuticos, psicólogos o apoyos escolares. No estamos pidiendo privilegios, sino derechos conquistados y respaldados por la ley”.
La referente también cuestionó el argumento oficial de que las prestaciones continuarán sin cambios. “No genera ninguna confianza. Desde el inicio del gobierno se viene desfinanciando y degradando el área. Primero la Agencia pasó de depender de Presidencia a Jefatura de Gabinete y luego al Ministerio de Salud. Eso reduce el abordaje de la discapacidad a una mirada exclusivamente sanitaria, cuando atraviesa también educación, transporte, deporte y múltiples áreas”, remarcó.
Rodríguez alertó además sobre el impacto institucional del cierre, al señalar que la sede central de la ANDIS concentra documentación clave vinculada a investigaciones judiciales por presunto desvío de fondos. “Ahí está el archivo que debe esclarecer qué pasó con recursos que fueron quitados al sector más vulnerable, como las pensiones no contributivas”, sostuvo.
La dirigente confirmó que se encuentra en marcha una asamblea de urgencia y llamó a una amplia movilización social. “Vamos a seguir luchando. Convocamos a sindicatos, organizaciones de derechos humanos, centros de estudiantes y a toda la sociedad. Cuando se convoca, el sector de la discapacidad responde. No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, concluyó.
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